Se tiene el compromiso de implementar una estrategia de integridad y lucha contra la corrupción, y, sobre todo, la priorización como objetivo institucional, con una cultura de integridad y ética pública. La integridad es el valor fundamental que guía el comportamiento de todo servidor público, y es especialmente crucial en el ámbito judicial, donde la confianza de la ciudadanía en la justicia es importante, teniendo el acceso a un servicio de una justicia íntegra con prácticas de integridad, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. Donde se promueve y protege el desempeño ético de la función pública con justicia y equidad.